Perú aún no ratifica el mayor tratado internacional contra la pesca ilegal

Perú aún no ratifica el mayor tratado internacional contra la pesca ilegal

Photo Credit: Andina

Escribe Carmen Heck, Directora de Políticas de Oceana en Perú

 

La pesca ilegal es uno de los principales problemas que pone en riesgo la salud de los ecosistemas marinos y, con ello, los ingresos generados por el aprovechamiento sostenible de recursos pesqueros y la seguridad alimentaria mundial. Las cifras no mienten y son alarmantes: la pesca ilegal representa en promedio el 30% de la pesca mundial, con capturas anuales que alcanzan hasta 26 millones de toneladas. Se estima también que la pesca ilegal cuesta entre 10,000 y 23,000 millones de dólares anuales a la economía mundial. En el caso peruano, sólo en el año 2015 el país perdió 360 millones de dólares por la pesca ilegal (FAO).

El Ministerio de la Producción la principal autoridad en materia pesquera en el país, por lo que se preguntarán ¿qué puede hacer el Congreso de la República para frenar la pesca ilegal en el Perú? La respuesta es sencilla, aprobar el “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada”, el primer tratado internacional jurídicamente vinculante que se centra específicamente en el problema de la pesca ilegal.

El acuerdo, adoptado el 22 de noviembre de 2009 en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entró en vigencia el 5 de junio del 2016, después de haber sido ratificado por 30 naciones, las cuales representan a más del 62 % de las importaciones de pescado en todo el mundo, y el 49% de las exportaciones (FAO).  El Perú suscribió el acuerdo en el 2010, sin embargo aún debe ser aprobado por el Congreso para que pueda entrar en vigor en el país.

¿Por qué es tan importante hacerlo? La mayor proporción de pesca ilegal es realizada por embarcaciones que operan fuera de la jurisdicción de los países a los que pertenecen (aquel que les asigna bandera), ya sea en altamar o en las zonas económicas exclusivas de otros países. Nuestro país, no es ajeno a esta problemática, al contrario, con frecuencia se leen o escuchan denuncias sobre embarcaciones extranjeras que ingresan a nuestras 200 millas sin autorización, para extraer ilegalmente recursos como el atún o la pota. Sin embargo, nuestro marco normativo no establece medidas concretas para enfrentar el problema.

Perú pierde más de 1200 millones de soles al año por la pesca ilegal, según la FAO.

El acuerdo establece que los buques pesqueros extranjeros deben informar con anticipación antes de ingresar al puerto de un país firmante, para lo cual deben dar información detallada sobre sus actividades.  Asimismo, el país está obligado a realizar inspecciones a la carga de estos buques y a restringir el acceso a sus puertos o servicios a aquellos barcos que tengan indicios de actividades pesqueras ilegales y sancionarlos. Así como notificar al país que le otorgó bandera y a las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero para que tomen las medidas necesarias.

Estas medidas vendrían a completar las escasas normas de control que hoy se aplican a las embarcaciones pesqueras extranjeras, y ayudarían a prevenir  3 consecuencias de la pesca ilegal que hoy pueden estar ocurriendo sin ser detectadas.

- Comercio ilegal de especies protegidas. El Perú es país-parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que tiene como objetivo proteger las especies de flora y fauna amenazadas o que se encuentran en vías de extinción, limitando su comercio internacional. La lista de especies protegidas por CITES incluye también a las marinas, como por ejemplo diversos tipos de tiburones, tortugas, etc.  Para cumplir sus objetivos, este acuerdo establece obligaciones de control y seguimiento a las actividades de comercio que buscan asegurar la supervivencia y el manejo sostenible de estas especies. Sin embargo, al no existir un control de los desembarques y transbordos pesqueros de  embarcaciones extranjeras en puertos peruanos, el país podría estar pasando por alto el tráfico ilegal de especies protegidas, las que podrían estar siendo exportadas desde el Perú sin que las autoridades tengan conocimiento.

- Pesca ilegal de embarcaciones extranjeras en el mar peruano. Las embarcaciones de cualquier nacionalidad pueden realizar actividades extractivas en altamar (fuera del mar territorial y zonas económicas exclusivas de otras países), pero cuando desean ingresar a aguas peruanas deben solicitar un permiso de pesca al país y pagar por el derecho de extraer nuestros recursos pesqueros. Sin embargo, al no haberse firmado el tratado, las naves que usan nuestros puertos no están obligadas a permitir el seguimiento satelital de sus movimientos por parte de nuestras autoridades; por lo que los  ingresos ilegales a las 200 millas son muy difíciles de detectar.  

- Aleteo. En noviembre, el Ministerio de la Producción aprobó medidas de ordenamiento para la pesquería de tiburón, entre las que destaca la prohibición de descargar o transbordar aletas de tiburón sueltas, ya que la práctica del aleteo (cortar la aleta y botar el cuerpo al mar) está prohibida. Estas medidas de control no deben restringirse solo a la flota nacional, sino extenderse a los barcos de bandera extranjera que llegan a nuestros puertos. Con la ratificación del tratado, los desembarques y transbordos de embarcaciones extranjeras deberán ser inspeccionados, lo que permitirá fiscalizar el cumplimiento de esta medida por parte de la flota extranjera, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, pues los transbordos no pasan por inspección.

El Perú no puede ser ajeno a los esfuerzos de la comunidad internacional para luchar contra la pesca ilegal. La ratificación del tratado impulsaría mejoras en los mecanismos de control que aplican a las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que ingresan al país para desembarcar o aprovisionarse en puertos peruanos,  complementando de esta forma el programa de control de la pesca y desembarques al que está sujeto la flota nacional.

El Congreso tiene en sus manos la responsabilidad de fortalecer la lucha contra la pesca ilegal, y proteger así los recursos pesqueros del país. Esperamos que priorice la aprobación del “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada” poniendo fin a las cuantiosas pérdidas económicas que la pesca ilegal de barcos extranjeros genera a la economía nacional.

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