“La transparencia es una característica deseable en la gestión pública y consiste en la implementación de medidas que apoyen la credibilidad y confianza de la sociedad en sus autoridades respecto al uso de los bienes de la nación, incluidos los naturales”
(Gupta & Mason, 2016)

¿Qué es la transparencia?

La transparencia es reconocida como un principio básico de la gobernabilidad democrática, tanto en la política tradicional del Estado como en las instituciones internacionales; y ha sido definida de varias maneras y con una variedad de interpretaciones. A finales del siglo XVIII, el filósofo inglés Jeremy Bentham, usó por primera vez el término transparencia describiéndolo como “una verdad indisputable y una de las bases de la ciencia política; entre más estrictamente seamos vigilados, mejor nos comportamos”.

La transparencia promueve el uso de la información disponible, fomenta el cumplimiento de normas existentes, aumenta la capacidad de rendir cuentas por parte de los gobiernos; y promueve la participación y cooperación entre actores relevantes, lo que permite diseñar soluciones a problemas de interés común. Quienes promueven la transparencia lo hacen por varias razones. Algunos argumentan que es un derecho humano básico, otros plantean que es un componente inherente a la democracia.

El Comité de Transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la define como “el proceso por el cual la información de las condiciones existentes es accesible para la toma de decisiones y acciones, de manera visible y entendible”. Es decir, no cualquier información garantiza transparencia y es necesario que los poderes públicos emprendan acciones que hagan posible el acceso a una información útil, manejable y, sobre todo, confiable y oportuna. Para lograrlo es necesaria la transformación de las administraciones hacia un modelo de gestión transparente.

La transparencia y la pesca

El concepto de transparencia se ha instalado en áreas tan diversas como la de los derechos humanos, la política fiscal y la seguridad. Sin embargo, la literatura disponible no revela en qué medida la noción de transparencia ha influido en la gobernanza marina. Aunque la transparencia ha sido citada como un factor crítico en la gestión eficaz de los recursos marinos, pocos estudios abordan su adopción práctica para este ámbito.

En el caso específico del sector pesquero, la Organización para la agricultura y la alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), en su Código de conducta para la pesca responsable recomienda a los Estados, a las organizaciones y arreglos subregionales o regionales de regulación pesquera que aseguren la transparencia en los mecanismos de ordenamiento y en el proceso de adopción de decisiones. Además, en una publicación sobre gobernanza responsable, FAO enumera principios y directrices que incluyen la transparencia enfocada desde varios ángulos, tales como el uso de la información, la generación de leyes, políticas y toma de decisiones, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

Adicionalmente, en el Sector se han desarrollado diversos mecanismos que promueven la transparencia, como las ecocertificaciones de pesquerías. Por ejemplo el MarineStewardship Council (MSC) y  Friend of the Sea promueven, entre otros factores, la transparencia y la participación de los grupos de interés en los procesos de gobernanza pesquera. Asimismo, Fisheries Transparency Initiative (FiTI), promueve mejoras para alcanzar pesquerías sostenibles a través de la transparencia y la participación, con el fin de mejorar la credibilidad de la gestión pesquera.

Transparencia en el sector pesquero peruano

En la normativa peruana la palabra “transparencia” es poco citada, y cuando lo es se refiere únicamente a la gestión financiera y contable de las entidades públicas, no a las decisiones de gestión. Sin embargo, la Ley Peruana de Transparencia (Ley N.° 27806) alude al habeas data; es decir, que existe información que puede ser de interés público y que debe ser suministrada sin tener que dar cuenta de las razones para las que se solicita. Es de interés público, por ejemplo, conocer cómo se han calculado las cuotas de pesca, así como poder revisar estos cálculos empleando las mismas fuentes de origen.

En el sector pesca, el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016, aprobado con RM N.°107-2012-PRODUCE, cita como su octavo objetivo: “Institucionalizar una cultura de transparencia en la gestión pública y consolidar un marco institucional facilitador y promotor del desarrollo sostenible pesquero y acuícola”. Asimismo, en su Política 14 el PESEM 2012-2016 propone: “Establecer una política sectorial de transparencia y lucha contra la corrupción”. Sin embargo, la nueva versión del PESEM 2017-2021, no hace referencia al concepto de transparencia, lo que denota un cambio en el enfoque con el que se maneja el sector hacia el 2021 sobre este tema. Es necesario precisar que este nuevo PESEM ha sido desarrollado de acuerdo con las directivas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y abarca el período 2016-21.

El establecimiento de una política de transparencia no se ha expresado aún en hechos concretos; es decir, está presente en las normas solo de modo declarativo. Hay varios atributos de la transparencia que no se han implementado o institucionalizado, como, por ejemplo:

  • la publicación de los puntos de pesca y estadísticas de desembarque
  • la participación y registro de los aportes de los grupos de interés en el proceso de diseño de las normas
  • la publicación de indicadores de desempeño económico y ecosistémico de las pesquerías
  • los montos tributados por derechos de pesca, así como su uso
  • las coordinaciones interinstitucionales que a menudo son citadas en las normas pero que en los hechos no es posible verificar
  • las evaluaciones independientes del desempeño de la gestión de cada pesquería

La investigación es citada a menudo en la normativa, pero no se indica de modo expreso, y en cada caso, cuáles son las necesidades o requerimientos específicos de la investigación.

Es así que, en temas de gobernanza pesquera, el concepto de transparencia no aborda cuestiones cruciales como el establecimiento de vedas y cuotas, o la estimación de la biomasa; pues al ser temas altamente especializados, sobre los cuales hay pocos expertos, no muchas personas tienen posibilidades reales de participar. Asimismo, la gobernanza pesquera actual no cuenta con una estrategia de mejora de los procedimientos que conduzca a reducir la discrecionalidad existente en el proceso de toma de decisiones.

¿Qué propone Oceana?

Para lograr que el sector pesquero peruano, esté en la primera línea mundial en materia de transparencia, Oceana Perú propone cuatro líneas de acción clave:

1. Transparentar la situación de los stocks y los métodos para su evaluación

Es clave hacer públicos los protocolos de evaluación de la situación de los stocks pesqueros. La información generada durante las evaluaciones, así como los resultados de éstas, deben ser de acceso público para validar los resultados de manera independiente. Adicionalmente, desarrollar un registro de acceso público y actualizado sobre las interacciones o coordinaciones de PRODUCE e IMARPE con las partes interesadas.

2. Mejorar la disponibilidad de la información de las actividades pesqueras

Es importante publicar diariamente las estadísticas de pesca, con información detallada sobre lances, capturas, desembarques, estructuras de tallas y otras mediciones biológicas; así como la información generada por el SISESAT, que es clave para monitorear el desarrollo de las actividades pesqueras y promover una mayor vigilancia ciudadana. Toda esta información debe estar disponible de modo abierto y empleando formatos y protocolos preestablecidos que faciliten su análisis y comprensión.

3. Transparentar y fortalecer los mecanismos de toma de decisiones

Es necesario institucionalizar espacios de diálogo y participación activa en el diseño de normas; así como, mecanismos claros que permitan a la ciudadanía conocer el proceso de toma de decisiones y diseño de políticas en el Sector. Además, se deben hacer explícitos los criterios, tanto biológicos como socioeconómicos, que se utilizan para tomar las decisiones de manejo de nuestros recursos. De la misma manera, se deben determinar y hacer de conocimiento público los criterios para la implementación de medidas de excepción ante eventos climáticos, con el objetivo de definir en qué circunstancias y de qué manera se pueden aplicar estas medidas de excepción.

4. Establecer procedimientos y metodologías para la evaluación periódica de los instrumentos de manejo pesquero

Los instrumentos de manejo deben contar con objetivos expresos concretos, así como metas explícitas y medibles con indicadores factibles para lograr una evaluación objetiva. En esta línea, los Reglamentos de Ordenamiento Pesquero (ROP) deben ser evaluados de forma periódica y los resultados deber ser puestos a disposición del público. Se deben establecer indicadores para medir el desempeño y la efectividad de la gestión en diversos escenarios con evaluaciones periódicas a cargo de instituciones acreditadas.