La pesca ilegal un pendiente urgente que el Perú debe atender

Por Liz Quiroz

Esta semana Oceana Perú lanzó el ciclo de mesas virtuales “La hora azul: la pesca en el Perú rumbo al bicentenario”, con el objetivo de generar un espacio de conocimiento y debate en donde se logre identificar las principales debilidades del sistema y encontrar propuestas de solución. Este ciclo de mesas se realiza en alianza con Ojo Público, una plataforma de noticias que impulsa el periodismo de investigación.

La pesca ilegal, no reportada y no reglamentada (INDNR) fue el tema que abordó la primera mesa realizada esta semana y que contó con la participación de Evelyn Lamadrid Vences, Fiscal Provincial en Materia Ambiental del Santa Ministerio Público; Julio Guzmán Mendoza, Procurador Público para delitos ambientales del Ministerio del Ambiente; Cayetana Aljovín Gazzani, Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería y Wilmer López Llauri, Presidente de la Asociación de la Cadena Productiva de Pesca para el Consumo Humano Directo.

Instituciones que administran y fiscalizan el sector pesca deben comenzar a trabajar de manera conjunta

Wilmer Lopez Yauri, presidente de la Asociación de la Cadena Productiva de Pesca para el Consumo Humano Directo de Ancash, inició esta primera mesa reconociendo que la pesca ilegal causa mucho daño a la economía del país y que es una situación que data de hace muchos años. “Nosotros luchamos para que el gobierno considere a la pesca como uno de los sectores productivos más importantes del país que requiere participación del Estado y de la sociedad civil”, enfatizó.

Para López Yauri, los principales problemas de la pesca ilegal, son la utilización de los aparejos de pesca, mayormente por parte de los barcos extranjeros, y el procesamiento ilegal de harina de pescado con los recursos extraídos para el consumo humano directo.

También señaló que país, actualmente no cuenta con una política de Estado para controlar irregularidades en el sector pesca, por ejemplo, en la comercialización y en la verificación de las tallas mínimas.

Dijo que a pesar de contar con una legislación pesquera y con muchas organizaciones comprometidas en la administración y fiscalización del sector, aún no se ha logrado un trabajo conjunto. “No puede ser posible que los organismos que administran la pesquería, que fiscalizan la extracción, el procesamiento y la venta de productos terminados estén dispersos”, puntualizó.

Entre sus principales recomendaciones para enfrentar la pesca ilegal, están la restitución del Ministerio de Pesquería y un trabajo conjunto por parte de las instituciones que se encargan de la administración y fiscalización del sector.

El Perú necesita un protocolo para determinar si un recurso hidrobiológico ha sido o no extraído con explosivos

Al comenzar su intervención, la fiscal Evelyn Lamadrid hizo énfasis en la alta incidencia delictiva en materia pesquera, explicando las que considera las principales dificultades que impiden erradicar la pesca ilegal en el país. Como, por ejemplo, el no poder ubicar a las embarcaciones extranjeras que entran a territorio nacional para realizar pesca ilegal. Detalló que muchas entran al país para hacer un “supuesto mantenimiento” en los astilleros de la Marina de Guerra del Perú, pero al no contar con un sistema satelital, desvían su ruta para pescar ilegalmente.

Otro obstáculo es la pesca con explosivos que es muy agresiva pues afecta al suelo, al subsuelo y a todo el ecosistema marino. En el Perú, la pena por tener explosivos es de 12 años, pero si se usa explosivos para la pesca, la pena es mucho menor, de entre tres a cinco años. “Entonces como pescador, si me encuentran con explosivos, les digo que lo usaré para la pesca, porque la pena va a ser menor”, explicó la fiscal Lamadrid.

A esto se suma que no contamos con un protocolo para determinar si ese recurso hidrobiológico ha sido o no extraído con explosivos, por lo tanto, la Dra. Lamadrid considera urgente elaborar uno desde el Estado.

En otra parte de su intervención, la fiscal Lamadrid, calificó al Sistema de Información de Pesca Artesanal - SIFORPA – del Ministerio de la Producción como un descontrol “porque están clonando demasiadas embarcaciones” enfatizó.

Finalmente, consideró urgente comenzar a capacitar a los jueces en temas pesqueros que actualmente desconocen, “deben estar concientizados con el tema ambiental”, enfatizó.

El programa de control y vigilancia del sector pesquero industrial debe aplicarse a las otras pesquerías

Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) inició su presentación detallando cifras sobre la pesca ilegal en el mundo. Recordó que, en el mundo, la pesca ilegal genera pérdidas por 23 mil millones de dólares, es decir, uno de cada cinco pescados ha sido extraídos ilegalmente. Mientras que, en el Perú, las pérdidas por la pesca ilegal son de 500 millones de dólares anuales aproximadamente.

Por ello, dijo que la pesca industrial se encuentra supervisada por el programa de control y vigilancia, un programa que nació en el Perú en el año 2003, según explicó.

La informalidad laboral del sector que alcanza el 91%, las deficiencias en el sistema de control de desembarque, la presencia inadecuada de autoridades competentes, la corrupción, la falta de trazabilidad y la inexistencia de un mecanismo de control de legalidad de la producción, son las principales problemáticas que Cayetana Aljovín considera existen en el sector pesquero.

Para hacerle frente a esta situación, propuso que el sistema de control y vigilancia para la pesca industrial se aplique a otras pesquerías. Otros planteamientos que hizo son mayor formalización del sector, instaurar cuotas individuales o manejo pesquero a las demás pesquerías, contar con puntos fijos de desembarque, intensificar las labores de fiscalización y el registro de comercializadores.

El gran problema del sector pesquero es la falta de información y de transparencia

Julio César Guzmán, Procurador Público del Ministerio del Ambiente inició su presentación reflexionando sobre la riqueza del mar peruano, sus más de 3 mil kilómetros de litoral y las 19 regiones involucradas en la problemática pesquera.

Al igual que Wilmer López, enfatizó en la gran cantidad de instituciones involucradas en la administración, control, vigilancia del sector pesquero, cada una con competencias muy particulares, pero con falta de coordinación entre ellas.

“El gran problema del sector es la falta información y de transparencia” resaltó, al momento de señalar que existe un alto nivel de corrupción que venimos arrastrando históricamente. “Donde existe actividad extractiva siempre hay problemas de corrupción”, dijo el procurador Guzmán.

Desde su perspectiva, las propuestas para enfrentar la pesca ilegal son mejorar la información y coordinación entre las entidades. Esta falta de acceso a la información, explicó, genera problemas en las investigaciones judiciales que deben durar unos seis meses, pero que por esta falta pueden demorar entre cuatro a seis años.

A nivel legal, propuso la inmediata modificación de los artículos 308 a y 308 b del Código Penal sobre Tráfico ilegal y Extracción ilegal de especies acuáticas, respectivamente,  incluyó también al artículo 309, porque van a permitir un mejor panorama sobre el tema. Asimismo, consideró urgente incorporar la pesca ilegal en la Ley contra el Crimen Organizado.