Institucionalidad y corrupción en el sector pesquero

Esta semana Oceana Perú culminó el Ciclo de Mesas Virtuales La hora azul: la pesca en el Perú rumbo al bicentenario cuyo objetivo fue generar un espacio de conocimiento y debate para identificar las principales debilidades del sistema y encontrar propuestas de solución que serán presentados en el marco del proceso electoral del 2021.

La última mesa trató el tema “Institucionalidad y corrupción en el sector pesquero” que contó con la participación de Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías de Oceana Perú, la socióloga Magaly Ávila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética; el Ing. Henry Quiroz, presidente del Capítulo de Ingeniería Pesquería CD Lima – CIP y la Dra. Rocío Barrios, ex ministra de la Producción.

La lucha contra la pesca INDNR se diluye en los esfuerzos individuales de cada sector

Magaly Ávila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética inició su participación recordando que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) sustrae alrededor de 26 millones toneladas al año, lo cual equivale a 23 mil millones dólares, es decir un 15% de la producción mundial.

Según un informe sobre pesca del 2018 elaborado por Proética, existen tres vulnerabilidades que afectan la gobernanza del sector. La primera es la transparencia. Al respecto señaló que los organismos del sector pesquero como el IMARPE y PRODUCE sí cuentan con normatividad sobre políticas de transparencia institucional, pero no queda claro quién es el responsable.

Detalló que en el último informe semestral 2017 sobre evaluación de la política nacional en materia anticorrupción de PRODUCE, el sector INDNR no forma parte de la política del IMARPE de transparencia, inclusive dijo que solo cuentan con tres indicadores para luchar contra corrupción y que estos están referidos básicamente a la capacitación, “esto genera vulnerabilidad sobre la transparencia en el sector”, dijo la representante de Proética.

La segunda vulnerabilidad es la relacionada con los procedimientos que siguen el proceso de evolución de la pesca en sus etapas. Al respecto, explicó que la gobernanza está presente en las normas de las instituciones públicas, pero que el problema de la pesca ilegal no puede abordarse solo desde el sector pesquero, sino que se necesita de un esfuerzo y una estrategia multisectorial. “La lucha contra la pesca INDNR se diluye en los esfuerzos individuales de cada sector”, enfatizó.

Sobre los mecanismos de control, dijo que el sector pesquero es técnico y especializado lo cual limita la transparencia y la vigilancia por otros actores.

En cuanto a las recomendaciones, consideró necesario promover una estrategia intersectorial de mejora de los procedimientos que conduzcan a reducir la discrecionalidad existente en el proceso de toma decisiones para que así los esfuerzos para combatir la pesca ilegal no se diluyan en esfuerzos individuales. Para el tema de la gobernanza, dijo que es necesario que el sistema de toma de decisiones sea de carácter multisectorial, multinivel y multiactor.

Para el tema de la transparencia, planteó la necesidad de contar con un portal único con información relevante sobre la temporada pesca, que incluya los reportes técnicos del IMARPE, los cuales, dijo, deberían ser enviados a todos los sectores que tienen competencia y no solo a PRODUCE.

Urge modificar la Ley General de Pesca y una política pesquera nacional

Para Rocío Barrios, ex ministra de la Producción, el sector pesca carece de autonomía y rectoría, pues a pesar de contar con un viceministerio de pesca dentro del ministerio de la Producción, todos los órganos adscritos sobre pesca en Perú, como el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), dependen funcionalmente del ministro y no del viceministerio.

Por lo tanto, muchos de sus procesos pasan por otros ministerios, por los gobiernos regionales, la SUNAT y otras instituciones. Esta situación “denota que no existe una real gobernanza y rectoría única en el sector”, enfatizó la exministra de la Producción.

Otras debilidades señaladas por Rocío Barrios, son la ausencia de la meritocracia, de concursos públicos y la alta rotación de funcionarios en los órganos especializados y adscritos al sector, lo cual afecta el fortalecimiento institucional.

La falta de digitalización de los servicios en el sector es otra debilidad. Dijo que en pleno siglo XXI instituciones como el IMARPE siguen levantando información con papel y lápiz, lo cual afecta la vigilancia ciudadana pues se dificulta el poder compartir la información de manera adecuada.

Entre las medidas que propuso para enfrentar esta situación están la modificación de todos los documentos de gestión del sector producción y de los órganos adscritos para dotarlos de autonomía. Al respecto, dijo que es necesario que las personas que dirijan estas instituciones, sean elegidas por meritocracia y por un plazo de cinco años, para así permitirles desarrollar una real gestión y garantizar una buena administración de los recursos.

En cuanto a las recomendaciones, consideró urgente modificar la Ley General de Pesca y elaborar una política pesquera en la cual se alineen todos los actores bajo los mismos objetivos y estrategias de acción. También propuso la creación de una Superintendencia Nacional de fiscalización pesquera y acuícola y de un sistema que unifique a todos los actores que trabajan en el sector pesquero.

El sector pesquero carece de liderazgo

Por su parte, el Ing. Henry Quiroz, presidente del Capítulo de Ingeniería Pesquería CD Lima – CIP, expresó su sorpresa porque a pesar de ser un sector dinamizador de la economía, carece de liderazgo y está sujeto a la voluntad política del ministro de turno.

Al ser un viceministerio considera que su resultado es la ausencia de una visión país en pesca y acuicultura.

“Esto ocasiona que se colisione con la gobernanza y la gobernabilidad por su inadecuada articulación y especialización interministerial y ministerial”, precisó el ing. Henry Quiroz.

Por lo tanto, considera que existe deficiencia en el diseño organizacional y ausencia de liderazgo en el ámbito de la soberanía marítima y en el ámbito internacional, “La carencia de un ordenamiento territorial y de desarrollo local, la inseguridad ciudadana y marítima, han originado la ilegalidad”, enfatizó el presidente del Capítulo de Ingeniería Pesquería CD Lima.

Coincidió con la exministra de la producción sobre la necesidad de modificar la Ley General de Pesca lo cual debería tener una visión país y basarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Se necesita crear una Superintendencia Nacional Pesquera

“El libre mercado en la pesca no funciona y lleva a la sobre pesca, no se optimiza la estructura económica productiva, sino que lleva a destruirla, por eso existe la regulación pesquera”, fueron las palabras con las que inició su presentación Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías de Oceana Perú.

Para Sueiro, la regulación en pesquería es necesaria también para asegurar el aprovechamiento de los recursos naturales en el largo plazo.

Otra debilidad que mencionó fue la ineficiente capacidad interinstitucional en un sector que es transversal y la poca transparencia en áreas críticas, lo cual amplifica la exposición al conflicto de intereses y a la corrupción.

Por lo tanto, señaló que la institucionalidad del sector es necesaria como un instrumento principal en la lucha contra la corrupción, aprovechando además la coyuntura del bicentenario y las elecciones del próximo año como una oportunidad de proponer cambios en el sector pesquero.

Entre las propuestas de solución, el director de pesquerías de Oceana Perú, consideró necesaria la creación de una Superintendencia Nacional Pesquera, figura que ya existe en otros sectores y que funciona eficientemente.

Al igual que los otros panelistas, consideró urgente y necesario modificar la Ley General de Pesca y retomar la discusión sobre el Acuerdo de Escazú por ser un tratado internacional que asegurará la transparencia en el sector pesquero. Cabe mencionar que el Congreso de la República desaprobó la ratificación de este tratado internacional.