El ingreso de aletas de tiburón de origen sospechoso desde Ecuador no solo impacta en la sostenibilidad de esto peces, también es una competencia desleal para los pescadores artesanales y exportadores locales.
Por Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú, publicado en RPP.pe
Cada día decenas de miles de toneladas de animales y plantas tomados de hábitats naturales se desplazan entre países como objeto del comercio internacional. Millones de animales vivos cruzan los cielos o los océanos ocultos en condiciones miserables o anestesiados para evitar los controles sanitarios y aduaneros. Con frecuencia, menos de una tercera parte llegarán vivos y en condiciones aceptables a los puntos de venta final.
El comercio ilegal de flora y fauna silvestre es hoy en día el cuarto mayor negocio ilegal del planeta superado apenas por el tráfico de drogas, personas y productos falsificados. Si el comercio ilegal de vida silvestre fuera un país su economía sería superior a la de la mayoría de los países de América Central.
Perú ha sido y continúa siendo un ícono en la lucha contra la explotación y comercio ilegal de maderas tropicales. Aunque no necesariamente por las razones correctas. Hace apenas dos décadas se afirmaba que del 80 al 90 por ciento de la madera que se comercializaba en el país era de origen ilegal. Hoy en día nos enorgullecemos de que “solo” sea la mitad.
Buena parte del problema radica en las limitadas capacidades del gobierno para hacer cumplir la ley en zonas remotas de nuestro territorio. A esto se suma la complacencia de algunos funcionarios para no mirar más allá de la documentación que presentan los comerciantes ilegales y eventualmente la inequívoca corrupción de diversos elementos a lo largo de la cadena de transporte y comercialización.
En la minería ilegal del oro ocurre más o menos lo mismo y, en muchos casos, el mineral es “blanqueado” a través de compañías formales y exportado legalmente. Solamente cuando se investigan las transacciones financieras se pone en evidencia a los testaferros y a las empresas de fachada que encubren el origen ilegal del producto.
A la luz de múltiples fuentes de evidencia, la exportación de aletas de tiburón desde el Perú reúne muchas de estas características, por lo que podría afirmarse que la actividad está contaminada con material de origen ilegal.
En principio, en el marco regulatorio local y con los debidos controles in situ, no deberíamos tener mayor problema. En el Perú pescamos y consumimos tiburones a diario, con lo cual las aletas se convierten un subproducto que hay que aprovechar económicamente. Sin embargo, hay que resaltar que aún no contamos con regulaciones para asegurar que la extracción de tiburones no implique su sobreexplotación, salvo el caso de algunas especies emblemáticas cuya pesca está prohibida y la temporada de veda establecida para el tiburón martillo.
La principal controversia en el comercio internacional de aletas de tiburón desde Perú son aquellas provenientes de Ecuador. En dicho país, la pesca de este grupo está restringida, solo se permite desembarcar los ejemplares que hayan caído en las redes de manera incidental cuando se pretendía pescar otras especies. En otras palabras, a los tiburones solo se les puede pescar de casualidad o por fortuna. Además, según las regulaciones internacionales, hay especies que están restringidas al comercio internacional desde octubre del 2017, pese a ello, Ecuador emite permisos para su exportación al Perú afirmando que fueron capturadas antes de dicha fecha. Solo cabe añadir que los permisos oficiales que emite dicho país a veces están incompletos o carecen de elementos de idoneidad suficientes para acreditar su validez.
La presencia de estas aletas de origen controversial en el mercado nacional afecta a los exportadores locales, pero incluso más a los pescadores artesanales que extraen legalmente estas especies. En la medida que no se mejore el control de la importación aletas y la coordinación entre las agencias del gobierno involucradas, las posibilidades de mantener un comercio fluido al exterior de las aletas de origen legal serán muy bajas. Esta situación ya es públicamente conocida y viene siendo difundida en diversos medios por lo que sorprende la lentitud del Estado para atender el problema. Por otro lado, buscar una solución adecuada sería una muy buena señal para los operadores legales y sus proveedores, pues marcaría la pauta de una gestión pesquera comprometida con la legalidad.
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