Escrito por Patricia Majluf, vicepresidenta de Oceana en Perú. Publicado en Semana Económica.

 

A 10 años de la Ley 1084, tenemos la oportunidad de revisar el pago por derechos de pesca que hacen las empresas harineras por extraer anchoveta, un recurso público. Este pago, que ha estado congelado en esta década, ya no corresponde a la realidad económica del Perú.

El cobro actual es de 0.25% del valor FOB por tonelada métrica (TM) de harina. Por cada US$100 de incremento del precio, el derecho de pesca sube US$0.25. Según cifras del BCR, en el periodo 2000-2009 el precio promedio de la harina de pescado fue de US$660 por TM, mientras que del 2010 al 2017 fue US$1499. Los derechos de pesca asociados a esos precios promedio fueron US$1.65 y US$3.75 por TM.

Pese al incremento, la recaudación se redujo. En 2008 el pago por derechos de pesca fue de US$13.8 millones, mientras que en 2016 fue de US$10.9 millones. Esto en un contexto de incertidumbre y alta variabilidad climática que exige una mayor inversión estatal. En su plan 2012-2016, PRODUCE señala que el bajo presupuesto para fiscalización e investigación es una debilidad para la gestión pesquera.

La industria argumenta que realiza diversos pagos. Gastos que son obligaciones de cualquier empresa privada como el IGV y utilidades; o costos de producción, como el programa de control de desembarques o el sistema de control satelital. Los derechos de pesca constituyen un concepto de naturaleza diferente, es un pago que deben hacer las empresas por explotar un recurso que es de todos los peruanos. Es hora de calibrar la balanza.