Delitos pesqueros en Sudamérica, más allá de las faenas de pesca

• Se estima que solo alrededor de 50% de la pesca en el mundo es registrada.
• Entre 1.1 y 1.77 millones de toneladas de pescado no se reportan y potencialmente entrarían al comercio ilegal en Sudamérica.

Extraemos muchos más recursos de los océanos de lo que lo datos oficiales indican, prácticamente el doble. Este subregistro comprende tanto a la pesca ilegal, como aquella que no es declarada a la autoridad competente o que aún carece de medidas que permitan regularla. La llamada pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) es un término amplio que engloba una gran diversidad de actividades que ocurren tanto en altamar como en el dominio marítimo de los Estados.

Se estima que, a nivel global, entre 8 y 14 millones de toneladas de pescado no se reportan y potencialmente entrarían al comercio ilegal. En Sudamérica esta cifra puede bordear los 2 millones de toneladas de pescado por año. Aunque no todo incluye pesca ilegal, existe una zona gris en la que estas prácticas se vinculan a delitos pesqueros como el tráfico de fauna marina tal como los caballitos de mar, pepinos de mar, tiburones.

Este es un problema regional, en el caso de aletas de tiburón en los últimos años se han dado cuantiosos decomisos en Manta (Ecuador), Santiago (Chile), Tumbes y Chimbote (Perú) y Costa Rica, destacó Oceana en su participación en el seminario web “Perspectivas sobre combate a los delitos contra la vida silvestre, los bosques y los relacionados con la pesca en América Latina” organizado por LA Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Por ejemplo, este 2020 y pese a la cuarentena decretada por el coronavirus COVID-19 en diversos países, China incautó 26 toneladas de aletas de tiburón procedentes de Ecuador, una cifra histórica. En la misma línea, este año las autoridades peruanas han confiscado al menos 15 toneladas de partes de tiburones de presunto origen ilegal.

Una red criminal más allá del mar
Los delitos pesqueros van más allá del tráfico de vida silvestre, ocurren desde la planificación de la faena de pesca, pasando por la captura, desembarque, transporte en tierra, procesamiento y comercialización. Por eso, muchas veces estos delitos están asociados a la delincuencia organizada como la falsificación de documentos, corrupción, delitos fiscales, blanqueo de dinero.

Por ejemplo, en el 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) señaló que entre el 2014 y 2016 se habría producido de manera ilegal alrededor de 90 mil toneladas de harina de pescado con un valor de más de US$ 130 millones por año.

Incluso pueden estar asociados a delitos que no tienen una conexión directa con las actividades pesqueras, pero pueden camuflarse dentro de estas para ejecutarse como el caso del tráfico de drogas, de armas y la trata de seres humanos.

Para combatir en cada uno de estos frentes es necesario diseñar y ejecutar medida concretas y coordinadas entre entidades nacionales, los diversos Estados y organismos de ordenamiento pesquero tanto en las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) como en los mares fuera ellas.

Esto pasa por sensibilizar a las autoridades sobre la envergadura y alcance de los delitos pesqueros, en especial el que operan a nivel internacional. Por eso, es fundamental que estos delitos sean juzgados como crimen organizado, lo que facilitará la investigación y sanciones, a la vez que empoderará a las entidades y fortalecerá los esfuerzos para mejorar las capacidades en la fiscalización de estos delitos.