junio 16, 2025
Disputas en la costa: crecimiento urbano y portuario impacta a pescadores artesanales en Lima y Callao
BY: Oceana
Topics: Las 5 millas, Protejamos las cinco millas
La presión urbana y logística sobre el litoral peruano ha generado tensiones en zonas históricamente ocupadas por pescadores artesanales. El reciente desalojo en Chorrillos y el próximo reordenamiento portuario en el Callao muestran cómo decisiones sobre el uso del territorio costero pueden afectar directamente a estas comunidades, generando conflictos y/o preocupación.
En las últimas décadas, el crecimiento urbano, turístico e industrial en el litoral peruano ha transformado las zonas tradicionales de trabajo y vida de los pescadores artesanales. Desde el norte hasta el sur del país, se han documentado procesos de exclusión territorial impulsados por la construcción de infraestructuras turísticas, la concesión de espacios para actividades acuícolas o el cierre de accesos a playas y muelles históricamente utilizados por comunidades pesqueras. En muchos casos, estas decisiones se han tomado sin considerar a quienes han habitado y sostenido estos espacios durante generaciones.
En regiones del norte como Tumbes y Piura, el avance de hoteles y urbanizaciones ha reducido progresivamente las áreas de faena pesquera. Sin embargo, es en Lima y el Callao donde esta presión se ha intensificado en los últimos años. La expansión inmobiliaria, el auge de balnearios privados y los megaproyectos turísticos han configurado un entorno cada vez más adverso para miles de familias que dependen de la pesca artesanal.
En este escenario, el reciente desalojo en la playa Pescadores de Chorrillos y las medidas previstas para liberar zonas de maniobra en el Muelle 5 del Terminal Norte del Callao, que implican el retiro de embarcaciones artesanales, son casos que pueden ejemplificar las tensiones entre los modelos de desarrollo urbano y económico y los derechos territoriales, laborales y culturales de las comunidades pesqueras. Esta situación plantea un desafío para las políticas públicas que buscan alcanzar un equilibrio sostenible entre el desarrollo con la protección de actividades tradicionales como la pesca artesanal.
Chorrillos: desalojo en Playa Pescadores y disputa por el uso del espacio en posesión de los pescadores
La madrugada del 21 de mayo, más de 300 efectivos policiales acompañaron a la Municipalidad de Chorrillos en un operativo de desalojo en Playa Pescadores. La intervención afectó a un área ocupada por la Asociación de Pescadores Artesanales José Silverio Olaya Balandra, que denunció la demolición de infraestructura pesquera y comercial. La municipalidad argumentó que las estructuras estaban fuera del área legalmente asignada en 1989 (5 mil m²), mientras que el gremio sostiene tener derechos legales desde 1959, mediante una resolución del entonces Ministerio de Marina.
Juan Carlos Orbezo, miembro de la asociación, sostiene que el vínculo de la comunidad con el espacio se remonta a varias generaciones y que el desalojo constituye un acto ilegal contra una institución con casi un siglo de existencia. La Municipalidad, por su parte, ha anunciado un proyecto de renovación urbana que contempla la construcción de un malecón, zonas recreativas, estacionamientos y un mercado artesanal. Frente a ello, los pescadores de Chorrillos afirman que cualquier controversia debe resolverse en el Poder Judicial, ya que cuentan con documentos estatales que respaldan su posesión continua e ininterrumpida del espacio. Cuestionan que la municipalidad haya recurrido a la Ley N.º 30230, norma que facilita el retiro de ocupaciones consideradas informales en terrenos del Estado, para proceder con el desalojo, tratándolos como invasores.
En defensa de su permanencia, citan la Ley N.º 31749, que protege la pesca artesanal y ancestral; la Ley N.º 32267, que permite la formalización de posesiones anteriores a diciembre de 2021; y la Resolución Viceministerial N.º 172-2024, que declara patrimonio cultural inmaterial a las prácticas pesqueras artesanales de Lima Metropolitana. En ese sentido, el gremio sostiene que su presencia en la zona es legítima, continua y reconocida históricamente.
Tras el desalojo, el gremio reportó una paralización parcial de sus actividades. Según Orbezo, el operativo impidió el desembarco de productos, lo que ocasionó la pérdida de tres toneladas de pescado. Desde entonces, el acceso vehicular y peatonal ha sido restringido. Según el gremio, el ingreso de camiones y otros vehículos enfrenta dificultades operativas y controles constantes, lo que ha limitado el transporte de productos. Esta situación ha reducido la operatividad del desembarcadero y ha afectado el normal desarrollo de las actividades pesqueras. Ante la crisis, algunas familias han recurrido a la organización de ollas comunes.
Asimismo, denuncian que sus embarcaciones, que según normativa deben permanecer varadas a más de 50 m de la línea de más alta marea, fueron reubicadas dentro de esa franja ribereña restringida, impidiendo su mantenimiento (como secado de la madera) y vulnerando los límites establecidos por la Ley de Playas, que protege esa zona de uso público sin estructuras ni embarcaciones varadas.
Callao: decreto de urgencia ordena liberar zona portuaria del Muelle 5
En otro caso, el 25 de abril el Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N.º 004-2025, que establece medidas extraordinarias para optimizar las operaciones del Puerto del Callao. La norma responde a la creciente congestión vehicular y logística asociada al incremento del comercio exterior, y contempla dos ejes: la construcción de un espacio de espera para camiones de carga y la desocupación total del área acuática de los amarraderos D y E del Muelle 5 del Terminal Norte Multipropósito.
Según el decreto, la presencia de embarcaciones artesanales restringe las maniobras portuarias, generando riesgos de seguridad y afectando la eficiencia del terminal. Para solucionarlo, se plantea un proceso de empadronamiento, reubicación o disposición final (desguace) de las embarcaciones, con un «incentivo especial» gestionado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Sin embargo, aún no se ha publicado la metodología oficial para el cálculo de esos incentivos ni los criterios que se aplicarán en cada caso. Esto genera incertidumbre respecto a si las compensaciones serán suficientes para cubrir los costos de traslado, pérdida de ingresos o adaptación a un nuevo espacio de trabajo.
Representantes de gremios pesqueros han expresado su preocupación por el alcance del decreto y su potencial impacto en la comunidad. Félix Sánchez, dirigente de la Asociación de Pescadores de Pinta Callao, señaló que la norma reconoce únicamente a los armadores, es decir, a los propietarios de las embarcaciones, pero excluye a quienes alquilan estos botes para trabajar, a pesar de que constituyen la mayoría dentro de la comunidad pesquera. Temen que sus derechos y su situación laboral estén siendo ignorados.
Otro de los principales cuestionamientos al proceso es la falta de alternativas claras para la reubicación. Según Sánchez, en una reunión sostenida con el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, este reconoció que actualmente no existe en la zona un espacio habilitado para implementar un desembarcadero artesanal con las condiciones necesarias para continuar la actividad. La única opción mencionada fue un lugar conocido como “La Chancadora”, sobre el cual Castillo se comprometió a consultar la viabilidad de construir allí un muelle, aunque esto podría tardar años.
Lo anunciado hasta el momento se limita a la instalación de boyas y sistemas de anclaje, sin incluir infraestructura complementaria como muelle, servicios básicos o cadena de frío. Tampoco se han definido mecanismos de participación de las comunidades pesqueras en el diseño e implementación del proceso, lo que genera incertidumbre entre los gremios.
El Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año; sin embargo, la falta de medidas claras, la ausencia de un espacio fijo para la reubicación que cumpla con las condiciones necesarias, y el riesgo de una paralización prolongada de sus actividades han llevado a los gremios pesqueros del Callao a buscar salidas políticas para revertir la norma. En ese contexto, sostuvieron una reunión con la congresista por el Callao, Patricia Chirinos, quien el 21 de mayo presentó el Proyecto de Ley N.º 11261, denominado Ley que protege los derechos laborales excluidos en el Decreto de Urgencia N.º 004-2025 en el marco de las intervenciones portuarias en el Callao.
Desafíos para una gestión costera participativa
Los casos de Chorrillos y el Callao son solo una muestra de una problemática más amplia que se extiende a lo largo del litoral limeño, con situaciones similares en distritos como Ancón, Santa Rosa, la Costa Verde y diversas zonas del sur, donde las comunidades pesqueras artesanales enfrentan crecientes tensiones por el uso del territorio. Si bien los proyectos de modernización urbana y portuaria responden a necesidades de ordenamiento y eficiencia, su implementación genera preocupación en comunidades que señalan no haber sido incluidas adecuadamente en los procesos de planificación.
Un manejo adecuado de estas y futuras intervenciones serán importantes para garantizar el respeto a los derechos de estas comunidades, preservar sus medios de vida y asegurar la continuidad de una actividad económica fundamental que abastece a los mercados locales y desempeña un papel importante en la seguridad alimentaria del país.