mayo 20, 2025
Explotación de hidrocarburos en el mar peruano: riesgos y consecuencias
BY: Oceana
Topics:
La actividad petrolera en el mar representa riesgos significativos para la conservación de la biodiversidad y la actividad pesquera. El mar peruano es uno de los más productivos del mundo, alberga una rica biodiversidad y sostiene pesquerías claves a escala global, como las de anchoveta, perico y pota.
Nuestro mar sustenta diversas especies marinas esenciales para la gastronomía peruana, genera empleo a través de la pesca artesanal y es fundamental para la seguridad alimentaria de comunidades costeras. Tanto los ecosistemas de aguas frías del centro y sur del país, caracterizados por una alta productividad marina y gran abundancia de especies adaptadas a estas condiciones, como los ecosistemas tropicales del norte, conocidos por sus arrecifes, manglares y alta biodiversidad asociada a hábitats más cálidos, pueden verse gravemente afectados por la actividad petrolera. Estos ecosistemas presentan interacciones ecológicas delicadas, donde incluso pequeñas perturbaciones pueden provocar consecuencias significativas a largo plazo, impactando negativamente en la pesca, el turismo y la seguridad alimentaria de las comunidades locales.
El principal riesgo asociado a la actividad petrolera es el derrame accidental de hidrocarburos. Estos derrames tienen efectos devastadores sobre la flora y fauna marina, desde el plancton hasta los mamíferos marinos. Además, los compuestos tóxicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos pueden causar efectos a largo plazo en la salud de los ecosistemas marinos y afectar a los consumidores a través de la bioacumulación y biomagnificación en la cadena alimentaria. La exploración petrolera también genera ruido submarino que interfiere con la comunicación y orientación de diversas especies marinas, especialmente cetáceos como ballenas y delfines. Además, altera significativamente el fondo marino mediante actividades como perforaciones y construcción de infraestructura, lo que destruye o afecta hábitats vitales para especies bentónicas. La exploración también aumenta la suspensión de sedimentos en el agua, reduciendo la visibilidad y afectando la capacidad de los organismos marinos para alimentarse y reproducirse. Finalmente, impone restricciones operativas que limitan las áreas de pesca y la movilidad de los pescadores artesanales, impactando directamente sus medios de vida y la economía local.
Desde el punto de vista climático, la exploración de nuevos lotes de petróleo contradice la necesidad urgente de reducir la dependencia de combustibles fósiles para mitigar el cambio climático. Continuar expandiendo la actividad petrolera va en contra de los compromisos globales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y agrava la crisis climática. Aunque Perú debe importar hidrocarburos para sectores como transporte, industria y energía, aún no existe una estrategia clara de transición energética liderada por el Ministerio de Energía y Minas que garantice una mayor participación de energías renovables no convencionales en nuestra matriz energética.
La explotación de hidrocarburos en el Perú comenzó en 1863 en Zorritos, Tumbes. Desde entonces, la industria creció rápidamente en la costa norte, impulsada por nuevos yacimientos y empresas extranjeras. Se han perforado más de 1,300 pozos y aún se promueve la participación de operadores internacionales. No obstante, esta expansión dejó cientos de pasivos ambientales sin remediar y frecuentes derrames. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), más del 88% de los derrames del país ocurren en esta región, principalmente en Tumbes y Piura.
Aunque se reportan alrededor de 10 derrames anuales en el ámbito marino, no existe monitoreo continuo ni estudios sistemáticos sobre sus efectos. Comunidades pesqueras e investigaciones independientes han documentado una disminución drástica en las poblaciones de peces tras estos eventos, afectando la seguridad alimentaria y obligando a los pescadores a cambiar de actividad económica, generalmente al comercio informal. Esto refleja claramente la falta de políticas integrales efectivas, evidenciada por la ausencia de mecanismos de prevención adecuados, protocolos de respuesta inmediata y acciones concretas para reparar daños ambientales. La insuficiente atención a estos aspectos evidencia debilidades estructurales en la gestión ambiental del país, lo que permite que estos incidentes ocurran con frecuencia y dificulta la adopción de medidas efectivas para prevenir nuevos episodios y garantizar la conservación del ambiente a largo plazo.
Lo ocurrido en Lobitos
El derrame ocurrido el 21 de diciembre de 2024 en Lobitos, Talara, ejemplifica estos riesgos. Aunque Petroperú inicialmente reportó un derrame de 0.9 barriles, la OEFA evidenció un impacto mucho mayor en playas como Las Capullanas, Punta Malacas y Peña Negra, alcanzando incluso Cabo Blanco. Se estimó que el derrame afectó al menos 10,000 m² de superficie marina, aunque evaluaciones posteriores indican una extensión mayor.
El daño ambiental incluyó contaminación de playas, pérdida de biodiversidad marina y graves repercusiones económicas y sociales en actividades pesqueras y turísticas. Es probable que el daño se limite a la zona intermareal, afectando principalmente moluscos y crustáceos, pero también se reportaron tortugas juveniles contaminadas, sugiriendo afectaciones significativas a su población local.
La pesca artesanal en la zona ha resultado seriamente afectada debido a la contaminación de áreas claves para la recolección de mariscos, lo cual representa una amenaza directa al sustento económico de las comunidades locales. Además, la posibilidad de consumir peces contaminados genera potenciales riesgos para la salud humana, provocando inseguridad y desconfianza entre los consumidores. Esto, a su vez, desencadena pérdidas económicas significativas tanto para los pescadores artesanales como para comerciantes y otros actores involucrados en la cadena de comercialización de productos marinos.
La limpieza inicial del derrame enfrentó dificultades por la magnitud del evento y la falta de respuesta inmediata y adecuada. La participación de pobladores locales en la limpieza sin equipos de protección idóneos evidenció deficiencias en los planes de contingencia de la empresa.
Una vez concluida la limpieza física y retirado el material contaminante, es indispensable avanzar hacia una recuperación ambiental integral. Para lograrlo, es necesario evaluar de manera detallada el daño ecológico y socioeconómico, diseñar planes integrales de remediación ambiental y mecanismos justos de compensación económica y social para las comunidades afectadas. Asimismo, se deben establecer procesos continuos de monitoreo ambiental participativo que garanticen la mitigación efectiva de los impactos y la restauración del ecosistema. La empresa responsable está obligada a asumir plenamente estos compromisos y asegurar su cumplimiento a largo plazo.
Una historia que se repite
En la historia reciente del Perú, otros derrames han tenido consecuencias incluso mayores. El desastre del 15 de enero de 2022, cuando la refinería La Pampilla, operada por Repsol, derramó aproximadamente 11,900 barriles de petróleo en la costa de Ventanilla, es un claro ejemplo de los daños irreparables que puede causar esta industria. Este derrame afectó gravemente la biodiversidad y dejó sin empleo a cientos de pescadores artesanales y trabajadores de la pesca, la recreación y el turismo. Han transcurrido más de tres años desde el derrame y hasta la fecha no se han aprobado los planes de remediación ambiental presentados por la empresa operadora.
A pesar de estos riesgos, la explotación petrolera en el zócalo continental, así como el desembarque y transporte de hidrocarburos en nuestros puertos, continuarán en el futuro previsible. Mientras esto sea así, como mínimo debe requerirse implementar mayores salvaguardas ambientales y sociales para minimizar los riesgos para el mar peruano y sus comunidades. Es fundamental adoptar rigurosos estándares internacionales de seguridad ambiental y transparencia, asegurando que tanto el gobierno como las empresas operadoras asuman plenamente su responsabilidad en la remediación de posibles accidentes.
El derrame de Lobitos ha puesto nuevamente en evidencia la necesidad urgente de realizar cambios estructurales en la legislación ambiental peruana. No solo se requiere endurecer las sanciones para las empresas responsables de desastres ambientales, sino también establecer mecanismos eficaces de respuesta rápida frente a emergencias. Además, resulta fundamental fomentar una sólida cultura de prevención en todas las etapas de la cadena productiva del sector hidrocarburos. La disponibilidad de equipos y materiales para atender contingencias como derrames no puede quedar a discreción del operador; es necesario establecer regulaciones claras y fiscalizables.
Mirada a futuro
En este contexto, es indispensable implementar mejores prácticas internacionales en prevención y respuesta ante derrames. Estas prácticas incluyen la adopción de sistemas avanzados de monitoreo en tiempo real, planes de contingencia robustos con protocolos claros de actuación inmediata, la realización de simulacros periódicos y el fortalecimiento constante de capacidades técnicas del personal. Es esencial también mantener la disponibilidad inmediata de equipos y materiales especializados, como barreras absorbentes, dispersantes aprobados y embarcaciones de intervención rápida. Además, se deben implementar mecanismos efectivos y oportunos de remediación ambiental y compensación social.
Finalmente, el Perú debe avanzar decididamente hacia una transición energética basada en fuentes renovables, promoviendo activamente políticas y marcos regulatorios claros y consistentes que faciliten esta transformación. Esta estrategia incluye la adopción de energías como la solar, eólica y marina, que han demostrado su efectividad en países como Dinamarca, Alemania y Uruguay. Por ejemplo, Dinamarca logró satisfacer más del 50% de su demanda eléctrica con energía eólica gracias a políticas estables, incentivos fiscales y una fuerte inversión en infraestructura tecnológica. Alemania, por otro lado, ha implementado exitosamente una transición energética integral, que no solo impulsa la generación de energía renovable, sino también la eficiencia energética y la reducción drástica en el uso de carbón y petróleo.
Además, es esencial promover mecanismos financieros accesibles y atractivos para inversiones en energías renovables, asegurando la participación del sector privado y fortaleciendo la colaboración público-privada. Es fundamental también impulsar la investigación, la innovación y la formación de capacidades técnicas locales para aprovechar plenamente las ventajas económicas, ambientales y sociales de las energías renovables.
Esta transición no solo contribuirá a mitigar los efectos adversos del cambio climático, sino que además impulsará la creación de empleos verdes, dinamizará las economías locales, especialmente en áreas costeras y rurales, y reducirá la vulnerabilidad del país frente a fluctuaciones de precios en el mercado global de hidrocarburos. De este modo, el Perú asegurará un futuro más seguro, sostenible y resiliente para sus comunidades y ecosistemas costeros.
Para Oceana el mar es un recurso esencial para la sociedad peruana por los múltiples beneficios que nos brinda. Para poder aprovecharlo de manera eficiente se deben promover medidas concretas que ayuden a prevenir futuros desastres ambientales y avanzar hacia un modelo de desarrollo que tenga como base la sostenibilidad. La conservación de los ecosistemas marinos es una tarea compartida que contribuirá al bienestar de las comunidades costeras y a la preservación de la biodiversidad del país.