Proyectos de ley congelarían derechos de pesca de anchoveta, advierte Oceana
junio 12, 2018
Ubicación: Lima
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Comisión de Producción del Congreso debatirá proyectos de ley que proponen fijar o extender el plazo del aporte social de la pesca industrial, lo que congelaría los derechos de pesca por extraer anchoveta para harina y aceite de pescado, insuficientes para solventar la gestión pesquera.
Los derechos de pesca, la renta que paga la pesca industrial por extraer anchoveta para producir harina y aceite de pescado, podrían quedar congelados por 10 años más, de acuerdo a las propuestas de cuatro proyectos de ley presentados en la Comisión de Producción del Congreso.
Los proyectos (2315/2017-CR, 2470/2017-CR, 2632/2017-CR y 2678/2017-CR) se enfocan en incrementar o extender el tiempo de vigencia del aporte social destinado a la jubilación de los pescadores. Sin embargo, también congelarían la forma en que se calcula el pago por los derechos de pesca, la regalía que pagan las pesqueras industriales por extraer anchoveta y elaborar harina y aceite de pescado. Esto debido a que el DL 1084, que estableció el sistema de cuotas individuales de pesca; dispuso la prohibición de modificar los derechos de pesca mientras se encuentre vigente el aporte social.
Por lo que al dar carácter permanete al aporte social se afectaría la labor rectora del Ministerio de la Producción (PRODUCE), al limitar los fondos para financiar investigación y sistemas de control y vigilancia.
Se argumenta que los derechos de pesca deberían mantenerse, ya que no es el único gasto de las empresas. Sin embargo, el aporte social es mucho menor a las ganancias obtenidas por los armadores pesqueros. Por ejemplo, en el año 2012 el precio de la tonelada métrica fue de US$1373, mientras que lo pagado por los diversos conceptos fue de US$5.64 por TM de anchoveta desembarcada.
Solo el proyecto de ley 1406/2016 – CR separa la vigencia del aporte social del monto y forma de cálculo de los derechos de pesca. El dictamen que sea aprobado debe seguir esta línea y dejar sin efecto esta vinculación injustificada entre la vigencia del aporte social y la forma como se calculan los derechos de pesca.
Ninguna de las propuestas legislativas tiene en cuenta al Estado como un actor perjudicado dentro de su análisis de costo-beneficio. “El aporte social como solución al problema de la jubilación de los trabajadores de la industria pesquera no debería estar vinculada al pago de derechos de pesca, que son de naturaleza diferente y responden a la necesidad de que las empresas retribuyan al país por el aprovechamiento de recursos naturales que son de todos los peruanos”, señala Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías de Oceana en Perú.
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