Urgen reformas en el marco institucional para fortalecer la lucha anticorrupción en el sector pesquero
noviembre 26, 2020
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Se requiere una estrategia intersectorial para la gobernanza pesquera, indicaron expertos en La Hora Azul.
La falta de actualización de normas como la Ley General de Pesca, menor articulación entre diversos niveles de gobierno y deficiencias en la transparencia, hacen que el sector pesquero tenga aún una débil gobernanza y sea vulnerable a la corrupción.
Por eso, reformas claves que han sido postergadas deben ser retomadas por el próximo gobierno, indicaron los panelistas que participaron en la cuarta mesa virtual de La Hora Azul, la pesca en el Perú rumbo al bicentenario, un evento organizado por Oceana en alianza con el medio de investigación Ojo Público.
De acuerdo a un estudio realizado por Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, las mayores vulnerabilidades del sector se encuentran en la falta de transparencia, pues si bien existen políticas al respecto en el Ministerio de la Producción e IMARPE, en la práctica no se cumple con la publicación oportuna de información clave para la toma de decisiones en la gestión de recursos marinos, lo que obstaculiza la participación.
“No existe una estrategia intersectorial para la gobernanza pesquera. Hace falta un sistema de trazabilidad para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, señala Magaly Ávila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de dicha institución.
En la experiencia de Rocío Barrios, ex ministra de la Producción, el mayor reto para la gobernanza en el sector recae en la necesaria articulación entre diversos niveles del estado. “El sector pesquero está regido bajo el viceministerio de pesca, pero esto no es suficiente. Órganos adscritos al sector como SANIPES e IMARPE dependen funcionalmente del ministro de la Producción, más no del despacho viceministerial, lo que quita cierta autonomía”, indicó.
Así también, señaló que el sector pesca tiene una función transversal y multisectorial, es decir, comparte competencias con gobiernos regionales, entre otras entidades como DICAPI e incluso SUNAT. Esto, sumado a la alta rotación de funcionarios de alto nivel, debilita institucionalmente al sector y dificulta la ejecución de estrategias a largo plazo.
Henry Quiroz, presidente del Comité Directivo del CITE Pesquero, coincidió en que existe un deficiente diseño organizacional, lo que lleva a una carencia de ordenamiento territorial y de desarrollo local. Indicó que la normativa actual está desfasada. “La Ley General de Pesca tiene una visión del siglo XIX. Seguimos en el plano del administrador. Esto nos lleva a ver que la actividad productiva tenga visos de corrupción”.
En ese sentido, Juan Carlos Sueiro, Director de Pesquerías de Oceana Perú, manifestó que la próxima renovación de gobierno es una oportunidad para evaluar reformas postergadas que fortalezcan la gobernanza y transparencia. Tales como la discusión en torno a la creación de un Ministerio de Pesca, una Superintendencia Nacional de Pesca, actualizar la Ley General de Pesca y debatir una ley específica para la pesca artesanal.