abril 7, 2026
Pesca artesanal en riesgo: la expansión descontrolada de la flota pesquera
Astilleros clandestinos y permisos irregulares han empujado el crecimiento descontrolado de la flota artesanal. El resultado es una mayor presión sobre los recursos y condiciones cada vez más difíciles para quienes dependen de ella.
A simple vista parecen talleres improvisados. Estructuras de madera levantadas en antiguas caletas, terrenos ganados al borde del mar o incluso en plena calle. Están cubiertas con lonas, sin letreros ni registros visibles. Allí, entre tablones apilados y cascos a medio armar, se construye el primer eslabón de un problema mayor: embarcaciones de pesca artesanal que nacen al margen de la normativa que, desde hace una década, prohíbe la edificación de nuevas naves de este tipo, salvo en casos de sustitución debidamente autorizados.
Investigaciones periodísticas han mostrado que estos astilleros informales operan de manera continua y responden a una demanda activa. Mientras se construyen barcos nuevos, en paralelo existe un mercado ilegal de matrículas y permisos ofrecidos por redes sociales. Esta escena, especialmente visible en el norte del litoral, en regiones como Lambayeque y Piura, es una de las imágenes del crecimiento descontrolado de la flota pesquera artesanal, un fenómeno que con los años se volvió cada vez más difícil de contener.
Un punto de partida frágil
La pesca necesita límites para sostenerse en el tiempo. Definir cuántas embarcaciones salen al mar, qué tamaño tienen, cuánto pueden capturar y con qué artes operan es una condición básica para conservar los recursos. En el Perú, ese principio ha chocado durante años con un problema estructural: la informalidad. El resultado fue una flota que creció sin un registro completo ni controles claros.
Hacia 2012, la flota artesanal ya superaba las 16 mil embarcaciones, según el I Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo. Tres años después, la cifra aumentó a 17 920 naves, de acuerdo con la ENEPA III. En ese contexto, en febrero de 2015 se prohibió la construcción de nuevas embarcaciones, dejando como excepción la sustitución de naves quemadas, hundidas u obsoletas.
De la formalización al crecimiento sin freno
Frente a una alta tasa de informalidad, a fines de 2016 el Estado creó el Siforpa I, un proceso de formalización dirigido a embarcaciones pequeñas, de hasta 6,48 de arqueo bruto. Con el tiempo, el mecanismo fue cuestionado por debilidades en su aplicación. Una investigación periodística documentó la existencia de un mercado ilegal de venta de permisos de pesca otorgados en el Siforpa I y señaló que el proceso permitió otorgar permisos a embarcaciones que no existían en ese momento y que fueron construidas posteriormente.
En paralelo, se impulsó el régimen de cooperativas pesqueras como vía para tramitar formalización colectiva. Dos años después, en 2018, se inició el Siforpa II para embarcaciones mayores (hasta 32,6 m³). Aunque incluía validaciones para evitar “embarcaciones fantasma”, el proceso se prorrogó varias veces y terminó en julio de 2023, en un contexto donde seguían apareciendo nuevas naves y se reportaban prácticas como documentación alterada y la “clonación” de embarcaciones.
Mientras tanto, la construcción de naves no se detuvo. Según la ENEPA 2022/2023, el número de embarcaciones artesanales aumentó a 23 138. La formalización avanzaba al mismo tiempo que crecía la flota, tanto dentro como fuera del sistema, dando lugar a un panorama cada vez más difícil de ordenar y fiscalizar.
El mar bajo presión
Más allá de los problemas administrativos y normativos, el tamaño que fue alcanzando la flota artesanal empezó a tener consecuencias directas en el mar y en la vida de quienes dependen de él. Un estudio publicado en 2020 en la revista Frontiers in Marine Science, que analizó la pesca artesanal peruana entre 1950 y 2018, mostró que el esfuerzo pesquero empezó a crecer más rápido que las capturas, una tendencia que terminó “empobreciendo” a los propios pescadores.
La investigación señala que la flota artesanal pasó de unas 3600 embarcaciones en 1950 a casi 19 600 en 2018, multiplicándose por más de cinco en menos de siete décadas. Desde mediados de los años 2000, cada vez se necesitó más trabajo y más recursos para obtener volúmenes similares de pescado, mientras varios recursos costeros mostraban señales de sobreexplotación. El estudio concluye que el problema no fue solo la informalidad, sino un marco institucional que permitió crecer sin ordenar.
Cabe resaltar que ese crecimiento no se limitó el número de embarcaciones, sino también en el tipo de naves que comenzaron a dominar la flota. Con los procesos de formalización, el Estado permitió regularizar embarcaciones con bodegas de hasta 32,6 m³ y muchas de las que ingresaron al sistema lo hicieron ubicándose precisamente en ese límite, lo que empujó hacia arriba el tamaño promedio de la flota artesanal.
Lo que indican los números
Un informe de Oceana, basado en el directorio oficial de embarcaciones de Produce, confirma esta tendencia. En 2018, las embarcaciones artesanales con más de 27 m³ de capacidad de bodega sumaban 567. Para 2025, ya eran 2 264. En apenas siete años, el grupo de naves más grandes dentro del régimen artesanal se cuadruplicó, marcando un giro en el rostro de la flota.
Ese crecimiento también se tradujo en una mayor capacidad para extraer recursos del mar. Según el mismo informe, la capacidad total de bodega de la flota artesanal con permisos vigentes pasó de 72 390 m³ en 2018 a 149 989 m³ en octubre de 2025. En la práctica, el espacio autorizado para almacenar pesca se duplicó y hoy alcanza volúmenes comparables a los de las dos flotas industriales que capturan anchoveta para la producción de harina de pescado.
Con barcos más grandes llegaron también permisos más amplios. El análisis muestra que casi ocho de cada diez embarcaciones artesanales de 30 m³ o más cuentan con autorización para utilizar todos los artes y aparejos. En el Siforpa II y en el régimen de cooperativas creado en 2023, esa proporción supera el 90 %, ampliando aún más el margen de operación en el mar.
El informe de Oceana advierte, además, que detrás de muchas de estas embarcaciones ya no están únicamente pescadores artesanales tradicionales. En los últimos años han ingresado armadores industriales, comerciantes y empresarios que vieron en el régimen artesanal una oportunidad para operar naves de mayor tamaño. Aprovechando vacíos en la regulación, estos actores han contribuido a empujar una flota cada vez más grande y con permisos cada vez más flexibles.
Para Juan Carlos Sueiro, director de pesquerías de Oceana, esta combinación de tamaño y permisos amplios ha intensificado la presión sobre recursos como la pota y el perico, con efectos directos en la economía del propio sector. Se trata de embarcaciones que pueden pasar más días navegando, alejarse más de la costa y regresar con volúmenes muy superiores a los de la pesca artesanal tradicional. Cuando la oferta aumenta, los precios caen, y el costo termina recayendo sobre los propios pescadores, que ven cómo el esfuerzo crece mientras sus ingresos se reducen
El riesgo de seguir abriendo la puerta
A pesar de este escenario, el debate sobre la formalización no está cerrado. En 2025 apareció en agenda el Proyecto de Ley N.º 12373/2025-CR, impulsado por el congresista José Pazos, que plantea reabrir la formalización para embarcaciones fuera del SIFORPA II, pese a la prohibición de incorporar nuevas unidades.
De acuerdo con Sueiro iniciativas como esta reabren un camino que ya debería estar cerrado y terminan sumando más capacidad de pesca a una flota que ya está sobredimensionada. Desde su perspectiva, el problema hoy ya no es formalizar más, sino poner un límite claro al crecimiento del esfuerzo pesquero. En esa línea, sostiene que el foco debe estar en cerrar definitivamente los programas de formalización, evitar nuevas prórrogas y reforzar la rectoría de Produce, de modo que exista un solo criterio entre las autoridades nacionales y regionales.
También insiste en la necesidad de verificaciones posteriores obligatorias, para comprobar que las embarcaciones formalizadas existían realmente y que sus dimensiones coinciden con lo autorizado, así como en eliminar los permisos amplios que hoy permiten usar distintos artes y capturar múltiples especies. Con una flota que supera las 16 440 embarcaciones registradas y acumula cerca de 150 mil m³ de capacidad de bodega, el riesgo es que el crecimiento continúe trasladando el costo de la sobrepesca a los propios pescadores, a través de menores capturas, caída de precios y un futuro cada vez más frágil para quienes dependen del mar y para las próximas generaciones.
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